Jacques Baud: el castigo de disentir / Por Lucía Deblock

¿Qué sucede cuando una institución política decide sancionar a un ciudadano sin concederle previamente el derecho de audiencia y de defensa? ¿Qué ocurre cuando esa decisión implica congelar sus cuentas bancarias, impedirle disponer de su pensión y cobrar por su trabajo, hasta comprometer su propia subsistencia? Éste es el caso de Jacques Baud, un ciudadano suizo de 71 años, residente en Bruselas, que enfrenta las consecuencias de las sanciones impuestas por la Unión Europea sin haber tenido oportunidad de defenderse antes de su aplicación.

Un analista frente al poder europeo

Jacques Baud es un excoronel del ejército suizo, especialista en inteligencia militar y seguridad internacional, con una extensa trayectoria profesional que incluye colaboraciones con organismos internacionales, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas. Autor de numerosos libros y análisis geopolíticos, ha dedicado décadas al estudio de los conflictos armados, las estrategias militares y las relaciones internacionales.

En los últimos años, sus investigaciones y publicaciones sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, frecuentemente contrarias a las posiciones oficiales de la Unión Europea y la OTAN, lo colocaron en el centro de una controversia política. El 15 de diciembre de 2025, el Consejo de la Unión Europea decidió incluirlo en su régimen de sanciones, acusándolo de difundir propaganda prorrusa y participar en actividades de manipulación informativa.

Cuando las sanciones alcanzan hasta el pan

Las consecuencias de esta decisión política han sido devastadoras para su vida cotidiana. Con sus cuentas bancarias congeladas, Baud no puede disponer de su pensión, pese a sus 71 años, ni recibir los pagos correspondientes a sus libros, artículos y análisis geopolíticos.

Según sus propios testimonios, tampoco puede cubrir normalmente gastos tan elementales como la electricidad, la alimentación y otros servicios básicos, por lo que depende de la solidaridad de sus vecinos y personas cercanas. La situación alcanza extremos difíciles de concebir: un parlamentario alemán, cuya identidad no ha trascendido, respondió que incluso regalarle una barra de pan constituiría una violación de las sanciones europeas, según el episodio relatado por Scott Ritter.

Aunque la legislación contempla excepciones para cubrir necesidades esenciales, éstas contrastan con la realidad de un ciudadano que no puede acceder a sus propios recursos para ejercerlas.

La política exterior convertida en castigo individual

Las sanciones fueron impuestas por el Consejo de la Unión Europea, una institución política facultada para adoptar medidas restrictivas en el marco de su Política Exterior y de Seguridad Común, dirigidas tanto contra Estados como contra personas y organizaciones. Aunque estas decisiones cuentan con un fundamento normativo, no requieren una sentencia penal ni una audiencia previa del afectado para entrar en vigor. Jacques Baud no tuvo oportunidad de presentar sus argumentos ni controvertir las acusaciones antes de que se congelaran sus recursos.

Así, un instrumento de política exterior que permite ejercer presión sobre gobiernos y actores internacionales termina aplicándose a un ciudadano suizo, residente en Bruselas, por sus publicaciones y análisis geopolíticos sobre Rusia y Ucrania, cuyas conclusiones no coinciden con la narrativa europea de la guerra.

Primero la sanción, después la justicia

Ante esta situación, Jacques Baud acudió al Tribunal General de la Unión Europea, donde presentó una demanda el 10 de marzo de 2026, registrada bajo el expediente T-169/26, para impugnar la legalidad y proporcionalidad de las sanciones. Entre sus argumentos se encuentran la vulneración del derecho de defensa y de la tutela judicial efectiva.

Sin embargo, la presentación de la demanda no suspende automáticamente las medidas impuestas. Mientras el tribunal examina su caso, sus cuentas permanecen congeladas y las restricciones económicas continúan afectando su vida cotidiana. La contradicción es evidente: el poder político puede ejecutar una sanción de manera inmediata, pero el ciudadano debe recorrer un procedimiento judicial para intentar recuperar derechos cuyo ejercicio ya se encuentra restringido.

La libertad de pensamiento bajo sanción

El caso de Jacques Baud plantea una cuestión que trasciende su situación personal: ¿desde cuándo contradecir la narrativa oficial de un conflicto constituye una forma de colaboración con el enemigo? La libertad de pensamiento y de expresión son derechos humanos fundamentales, indispensables para el ejercicio del análisis crítico y la investigación independiente.

La honestidad intelectual exige examinar los hechos y formular conclusiones, incluso cuando éstas contradicen las versiones sostenidas por los gobiernos.

La Unión Europea acusa a Baud de difundir propaganda prorrusa y participar en actividades de manipulación informativa, pero resulta indispensable distinguir entre una colaboración efectiva con una potencia extranjera y el ejercicio legítimo del pensamiento crítico.

Disentir no constituye, por sí mismo, una prueba de complicidad. Cuando esa frontera se desdibuja, no solamente se compromete la libertad de expresión: también se abre la posibilidad de utilizar sanciones económicas y políticas para restringir el trabajo de quienes sostienen interpretaciones diferentes de los acontecimientos internacionales.

La congruencia, la gran ausente

Durante buena parte del siglo XX, las sociedades occidentales construyeron un entramado de instituciones, tratados y principios destinados a proteger los derechos fundamentales, garantizar las libertades individuales y limitar los abusos del poder. Fueron décadas de debates, acuerdos y compromisos para establecer que ningún interés político debía estar por encima de la dignidad humana. Sin embargo, cuando esos mismos principios entran en conflicto con los intereses de quienes ejercen el poder, parecen convertirse en obstáculos que pueden hacerse a un lado.

El caso de Jacques Baud obliga a preguntarse qué queda de aquella arquitectura jurídica y moral cuando una decisión política puede comprometer la subsistencia de un ciudadano por sus análisis y opiniones. Porque los derechos fundamentales no fueron concebidos para proteger únicamente a quienes están de acuerdo con el poder, sino, sobre todo, a quienes se atreven a cuestionarlo.

¿De qué sirve proclamar durante décadas la defensa de las libertades si basta una discrepancia política para ponerlas en entredicho? ¿Qué fue de la congruencia?

Mientras tanto, Jacques Baud, un ciudadano suizo de 71 años, libra una batalla judicial contra una de las estructuras políticas y económicas más poderosas del mundo: la Unión Europea, con sus 27 Estados miembros, sus instituciones, sus enormes presupuestos, sus ejércitos de funcionarios, sus equipos jurídicos y todo el aparato político, administrativo y financiero del que dispone para imponer y defender sus decisiones.

Del otro lado, un hombre jubilado, con sus cuentas bancarias congeladas, sin acceso normal a su pensión ni a los ingresos de su trabajo, que debe encontrar la manera de pagar la electricidad y a los abogados que necesita para defenderse de quienes le impusieron las sanciones. Vaya manera de pisotear los derechos humanos de un ciudadano suizo residente en Europa por atreverse a disentir de la narrativa política de los poderosos.

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