Y Sepa La Bola… pero nos cuentan que la Fiscalía de la Ciudad de México tiene frente a sí una pregunta incómoda: ¿qué tan blindados están sus procedimientos para evitar que intereses particulares puedan influir, presuntamente, en una valoración que debería sustentarse únicamente en criterios técnicos?
La pregunta surge a partir de los señalamientos hechos por un exempleado del despacho de Maha Schekaibán, dentro de su disputa con Bernardo Vogel, un asunto que ambos han ventilado públicamente. Hace unos días, ella pidió la destitución de la jueza Quinta de lo Familiar, Araceli Cortés, por presuntas irregularidades y omisiones, según su dicho.
Y ahora aparece un señalamiento relacionado con la Fiscalía capitalina. Un exempleado del despacho de Schekaibán afirmó, en una declaración ratificada ante notario, que una evaluación no encontró afectación emocional. Según su relato, el resultado habría provocado una instrucción para cambiar el dictamen.
El declarante también afirmó que habría existido contacto con una persona dentro del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI), perteneciente a la Fiscalía, así como un supuesto pago de 80 mil pesos para obtener una valoración favorable.
De comprobarse esas acusaciones, estaríamos ante algo mucho más grave que una disputa entre particulares: significaría que, presuntamente, una institución pública pudo haber sido utilizada para dar apariencia oficial a una conclusión previamente buscada.
Pero precisamente porque se trata de acusaciones delicadas, la Fiscalía tiene que investigar con rigor. Una declaración notarial no convierte automáticamente un relato en una verdad probada, de la misma manera que una acusación no puede ser descartada sin una revisión seria de documentos, comunicaciones, peritajes y posibles responsabilidades.
El punto central está en determinar qué ocurrió realmente con aquella evaluación y si hubo o no intervención externa en el procedimiento.
Si las comunicaciones del 19 de julio de 2024 efectivamente anticipaban el resultado que tendría el dictamen, como sostiene el declarante, habría que explicar cómo pudo ocurrir esa coincidencia. Y si existió algún contacto o pago irregular relacionado con una valoración oficial, corresponde establecer quién intervino y con qué propósito.
La crítica, por ahora, no puede convertirse en una sentencia contra las personas señaladas. La crítica institucional sí puede hacerse: una Fiscalía no puede permitirse que existan dudas razonables sobre la independencia de sus valoraciones, particularmente cuando estas pueden tener consecuencias en una controversia judicial o familiar.
Porque el daño, de confirmarse una interferencia, no terminaría en Vogel o Schekaibán. Alcanzaría a todas las personas que recurren al CAVI en busca de una valoración profesional y a las víctimas que necesitan confiar en que un dictamen institucional no depende de influencias, contactos o dinero.
Y Sepa La Bola… el Observatorio Permanente de Integridad Electoral (OPINE) acaba de advertir que uno de los riesgos para las elecciones de 2027 es precisamente el debilitamiento de la confianza en las instituciones encargadas de arbitrar y certificar decisiones. El observatorio documentó decisiones que, a su juicio, generan riesgos para la certeza, la equidad y la independencia electoral, además de señalar presiones presupuestales y posibles riesgos de captura institucional.
Aquí también se debe resaltar que la autoridad de una institución descansa, en buena medida, en la confianza de que sus procedimientos no están subordinados a intereses externos.
En materia electoral, esa confianza resulta indispensable para aceptar los resultados. En materia de procuración de justicia, también lo es para creer en un peritaje, una valoración o una resolución.
El cargo El poder detrás del dictamen y la credibilidad institucional / Por Claudia Bolaños apareció primero en Reporte 32 MX, El medio digital de México.
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