Y Sepa La Bola… pero la designación del próximo Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México generó un debate acalorado, sobre todo porque la figura de Bertha Alcalde Luján surgió como una de las candidatas más fuertes, pero su posible llegada a la Fiscalía desató una ola de cuestionamientos y dudas sobre su capacidad para combatir la corrupción.
El apellido Alcalde está ligado a la polémica en el ámbito político y empresarial.
A esto se suma la relación de Bertha Alcalde con el grupo Salinas, a través de su esposo, Iker Ibarreche Pereda, quien trabaja con el abogado Juan Collado, un personaje ligado a diversos escándalos de corrupción.
La posibilidad de que Bertha Alcalde llegue a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México generó inquietud. Se teme que su padre, Arturo Alcalde, pueda ejercer una influencia desmedida sobre la institución, lo que pondría en riesgo la independencia y la capacidad de la Fiscalía para combatir la corrupción.
Arturo Alcalde Justiniani, padre de Bertha, fue secretario de Trabajo y Previsión Social en el gobierno de Vicente Fox y ha sido señalado en diversos escándalos de irregularidades. Su participación en empresas como LICONSA, SEGALMEX y Notimex, donde se han detectado irregularidades millonarias, lo ha convertido en una figura controvertida.
La transparencia y la imparcialidad son pilares fundamentales para una Fiscalía que busca combatir la impunidad.
La designación de Bertha Alcalde como Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México debe ser cuidadosamente analizada, considerando la historia de su familia y las posibles implicaciones de su llegada a la institución, nos dicen.
Se espera que la sociedad civil y la oposición se pronuncien sobre este tema, exigiendo un proceso de selección transparente y con criterios de meritocracia, que asegure la independencia y la integridad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La elección del próximo Fiscal General debe ser un proceso libre de influencias y con el objetivo de garantizar la justicia y el combate a la corrupción.
Y Sepa La Bola.. pero el 15 de septiembre, la reforma judicial se publicará en el Diario Oficial. Hay que estar atentos porque la nueva ley establece un cambio radical en la elección de los miembros del Poder Judicial, pasando de un sistema de selección por parte de órganos especializados a la elección popular. A primera vista, esta medida parece un paso hacia la democratización del poder judicial, pero un análisis más profundo revela un panorama preocupante.
La reforma, en su afán de “democratizar” la elección de jueces, ignora un principio básico: la independencia judicial, señalan muchas voce sinconformes. Al someter la elección de los magistrados a la voluntad popular, se abre la puerta a la politización del Poder Judicial, consideran.
Otro riesgo es que los partidos políticos, con sus intereses particulares, tendrán un papel determinante en la selección de los candidatos, lo que podría llevar a la designación de jueces afines al gobierno en turno.
La nueva ley establece que el Senado de la República publicará una convocatoria para la integración del listado de candidaturas. Los Poderes de la Unión postularán el número de candidaturas que corresponda a cada cargo. Este proceso, para algunas voces, lejos de garantizar la independencia judicial, la debilita. Los partidos políticos, con su control sobre el Senado y los Poderes de la Unión, tendrán la posibilidad de influir en la selección de los candidatos, favoreciendo a aquellos que compartan sus intereses.
